Primero.- La figura del Gobernador forma parte del consenso que la CNH hizo para integrar el Plan Quinquenal de Hidrocarburos.
Los Gobiernos Estatales con potencial de explotación, fueron encuestados para integrar el plan referido.
Segundo. Existe omisión Federal y Estatal para la protección de los derechos de los ciudadanos potosinos y en particular de los pueblos y comunidades ante el avance prospectivo en la materia energética. A este avance debería haberle antecedido información previa y libre, inclusión participativa de los habitantes de las áreas, objeto de exploración y explotación y el apego al derecho a la consulta, así como asumir el posicionamiento explícito que han hecho las comunidades indígenas de NO dar consentimiento alguno a estas acciones prospectivas ni a la servidumbre que implican, pues van en menoscabo de su propia existencia, al poner en riego la sustentabilidad de sus territorios y el medio ambiente.
Tercero. Sedena, al otorgar permisos para uso de explosivos en la Huasteca, tuvo necesariamente que haber enterado al gobierno local. Resulta inadmisible que no estuviesen enterados de ello y que permitieran en la soberanía del territorio Estatal este permiso.
Cuarto. Las obras de modernización de la carretera Valles-Tamazunchale, la proyección de ampliación de las termoeléctricas de Tamuín y Tamazunchale, la proyección de creación de presas sobre territorios de la Huasteca; forman tan solo una parte de los proyectos de infraestructura que darían viabilidad operativa y económica, a la exploración y extracción de gas y petróleo. Actividad económica, que si bien tiene prioridad sobre otras actividades. NO está, ni debe estar por encima de los Derechos Humanos, ni de los Derechos de los Pueblos y comunidades Indígenas.
Por ello los oficios que muestran la Secretaría de Energía y el Gobernador, solo son un intento para hacer difuso algo que está claro. Quieren extraer los hidrocarburos sin importarles la vida ni el futuro de las próximas generaciones de potosinos.
Si el Gobernador y la Secretaría de Energía les interesara protegernos, deberían: Dejar las reservas de agua a las comunidades, rescindir contratos con empresas petroleras, cancelar permisos de uso de explosivos por tener vicios de origen, al no haber informado ni incluido a la población en las decisiones, al no contar ni con consulta ni consentimiento; y enérgicamente levantar una prohibición contra el fracking.
Que lamentable que un Dr. en Derecho vulnere los derechos de los gobernados y asuma lavarse las manos como “Pilatos”, cuando le escurren los intereses grasosos de los petroleros transnacionales.
Adelina Méndez
Victor Mamani
