¡¡¡NO a la Seguridad Pública Militarizada!!!

“Tenemos que hacer planes para la libertad,

y no sólo para la seguridad,

por la única razón de que sólo la libertapuede hacer segura la seguridad.”

Karl Popper

Por Juan Felipe Cisneros Sánchez.

San Luis Potosí, a 3 de diciembre de 2017. La seguridad de las personas, sus derechos y sus bienes, es una obligación irrenunciable del Estado y una constante demanda de la sociedad. Garantizar la seguridad pública, es un fenómeno complejo, que no tiene salidas fáciles, ni mucho menos inmediatas. Requiere de la atención de procesos que se interconectan, para construirla, procurarla y mantenerla.

También la Seguridad, requiere de un fundamento legal, que le de legitimidad y capacidad institucional, administrativa y operativa para estar a la altura de las exigencias, sociales; culturales; educativas; políticas; económicas y de la evolución de las tecnologías de la información; tanto locales como globales.

No solo se trata de cuidar las calles, el ámbito público… El concepto abarca un enorme complejo de ámbitos que se tienen que atender. Pero todo modelo de seguridad pública, debe promover, proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales. Si colocamos a las personas como sujetos de derecho, en toda acción pública de la seguridad, que le de la protección más amplia, entonces tenemos un referente angular que permitiría el no meternos en actos contrarios al sentido esencial de la seguridad.

La permanencia de las Fuerzas Armadas en la calle, efectuando labores de policía, se ha mantenido a lo largo del actual sexenio. Para 2017 estamos cumpliendo 21 años que el principal recurso de los gobiernos, tanto Federal, Estatales y Municipales para ofrecer seguridad, es el uso de las Fuerzas Armadas, cuando éstas sustituyen las labores de las policías.

La intervención de los cuerpos militares en tareas de seguridad no debiera existir. El hecho de exponer a la población civil a los operativos de seguridad pública militarizados, actualmente comunes en el territorio mexicano, de por sí, implica una falta de respeto, de protección y ninguna garantía de sus derechos fundamentales.

La semana pasada en la Cámara de Diputados, con 215 votos a favor, se aprueba la Ley de Seguridad Interior, con un cúmulo de incongruencias y en abierta contraposición a la obligación del Estado a generar una cultura de Derechos Humanos.

Organismos internacionales y nacionales de la sociedad civil, han expresado su preocupación en torno a esta Ley, la cual ahora sustituye el concepto de “Seguridad Pública” por el de “Seguridad Interior”, para pretender justificar la permanencia militar en las calles.

Dicha Ley entre otros aspectos, pretende dotar a las Fuerzas Armadas de:

• Meta-facultades para desarrollar acciones preventivas a su criterio, en un carácter de Policía, cuando esta actividad debe estar a cargo de los civiles.
• No genera controles para verificar la protección y el respeto de los Derechos humanos, menos aún, los garantiza.
• Criminaliza a la protesta social, permitiendo intervenir a los militares a su “criterio” ante cualquier acto de protesta ciudadana. (No hay peor ofensa a las Heroicas Fuerzas Armadas que pretender enfrentarlas al pueblo mismo que le da origen y sustento).
• No establece con claridad la regulación sobre el nivel de violencia a emprender en su intervención en la seguridad interior.
• Vulnera la transparencia en la información al determinar que la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial y reservada. Pretenden llevarnos a la obscuridad donde los ciudadanos no podemos acceder a la información por considerase como de Seguridad Nacional, lo cual es una afrenta a la Nación y dicha vulneración va en contrario al estado democrático y de derecho.
• No establece los tiempos en los cuales las fuerzas armadas permanecerán a cargo de la seguridad interior.
• No hay obligatoriedad para que los gobiernos estatales y municipales fortalezcan y/o depuren a su fuerza policial. Cuando el punto es que las Policías Federales, Estatales y Municipales se profesionalicen y sean depuradas, para poder desarrollar sus labores que la Constitución les establece, no al revés. Quieren modificar la Ley para justificar lo ilegal.
• Fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil, estableciendo de facto un orden militar en la materia.
• No establece controles para remitir la información a los distintos niveles de gobierno y centra en la ineficiente Secretaria de Gobernación, la entrega de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión.

Esta Ley está colmada de imprecisiones y es una la ley regresiva al Estado de Derecho. Me parece que también es un insulto a las propias Fuerzas Armadas de México, a las cuales se les pretende usar grotescamente para enfrentar las responsabilidades de la Seguridad Pública, que son en esencia, competencia de los Gobiernos Federal, Estatal y municipal. Cuando las Fuerzas Armadas deben estar atentas y centralmente ocupadas de la Seguridad Nacional y la Seguridad Exterior. También a las Fuerzas Armadas, se les pretende cargar el costo político y social de la ineficiencia y la corrupción, que de fondo prevalece y que ha fomentado el propio Ejecutivo Federal, los Gobernadores y Presidentes Municipales. Si no se confía la seguridad Pública a la policía en cualquiera de sus niveles, es porque la ineficiencia y la corrupción han permeado la estructura con beneplácito de la propia burocracia política.

De aprobarse esta Ley regresiva por el Senado, sería una de las peores decisiones legislativas y acabará judicializandose por quienes consideran esta Ley contraria al espíritu de la Constitución y de los Derechos Fundamentales y Universales.

Recordemos que, el ahora Titular del Ejecutivo Federal, estableció como uno de sus pilares de campaña por la Presidencia, su crítica a la política de seguridad pública de la administración anterior, reto que no ha superado y por lo visto, no superará.

El Sr. de los Pinos, se comprometió a “Reajustar la estrategia de seguridad” y desapareció por Decreto, el 3 de enero de 2013, la Secretaría de Seguridad Pública Federal; dejando a la Secretaría de Gobernación, como la encargada de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública. El resultado está a la vista: Un desastre.

El mes de octubre del presente año, fue el más violento y con más homicidios dolosos de los últimos 20 años. Pareciera que se “soltó a los leones” para generar un estado de psicosis colectiva y acrecentar la percepción ciudadana, de que cada día la delincuencia se apodera de la vida de las y los mexicanos, sin que el aparato de seguridad policial, sea capaz de contenerla o revertirla.

Paradójicamente en noviembre, se mete toda la “carne al asador” en la Cámara de Diputados, para sacar adelante esta Ley. ¿Se está manipulando maquiavélicamente la sensibilidad de la población y justificar la urgente necesidad de “mano dura”?

¿Será que algunos tienen la tentación de perpetuarse impunemente en el poder y ser sostenidos por bayonetas? Prefiero pensar que no. Pues un sistema político democrático y respetuoso de los derechos de humanos, no puede fincar la Seguridad Pública de la sociedad, imponiendo un sistema político autoritario.

Finalmente confío en las históricas palabras de Guillermo Prieto, pronunciadas cuando un grupo de soldados pretendían atentar contra Presidente Benito Juárez García: “(…) que ante las bocas de los fusiles y cubriendo con su cuerpo al del Presidente, dirigió a los soldados unas sentidas palabras que se impusieron a la orden de ¡fuego!: “¡Alto, los valientes no asesinan!… sois unos valientes, los valientes no asesinan, sois mexicanos, éste es el representante de la ley y de la patria”. Entonces, los soldados sin aguardar otra orden, ante la impactante oratoria de Prieto, paulatinamente echaron sus armas al hombro y se quedaron impasibles.[1]

[1] Tomado de: Doralicia Carmona: MEMORIA POLÍTICA DE MÉXICO.