“Seremos conocidos para siempre por las huellas que dejemos”.
Sabiduría Dakota.
El día 19 de enero del 2025, en el Centro de Convenciones de Morelia, Michoacán, en el marco de la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, y Afromexicanas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, los Consejeros Nacionales de Pueblos Indígenas en San Luis Potosí, (náhuatl, Téenek y Xi Ui; hicieron entrega, mediante un oficio dirigido a la Presidenta de la República Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, del documento ejecutivo de las propuestas, opiniones y recomendaciones presentadas por las autoridades indígenas con la finalidad de que éstas sean incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, y a los Planes Sectoriales que correspondan. Dichas propuestas fueron emanadas desde las propias autoridades Comunitarias a través de 2 Foros de Autoconsulta.
Previa convocatoria por ellos mismos, los foros de autoconsulta fueron realizados el 12 y 15 de enero de 2025 en las sedes de Tancanhuitz y Tamazunchale, en donde 382 participantes entre autoridades agrarias, jueces auxiliares, delegados municipales, comités de trabajo, representantes indígenas de los diversos consejos consultivos y municipales participaron de manera libre y por sus propios medios, para la elaboración de las propuestas. Mediante una metodología participativa, se realizaron mesas de trabajo acorde a los cuatro ejes generales y los tres transversales, recogiendo el sentir de las comunidades indígenas desde su propio contexto local y comunitario, así como propuestas para solucionar dichas problemáticas en coordinación con las entidades públicas Federal, Estatal y Municipal.
Cabe resaltar que en estos Foros de autoconsulta, se continuó con la difusión de la reciente reforma del artículo 2 constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos, haciendo énfasis en el reconocimiento de la comunidad indígena como sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La demanda indígena es enorme, tan grande como los rezagos en los que aún vive.
Los territorios de los Pueblos Indígenas del Estado de San Luis Potosí cuentan con gran diversidad de recursos naturales y con potenciales para su aprovechamiento, sin embargo, se contrasta al ser la población más vulnerable con altos índices de marginación y pobreza, ya que de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), en 2020 existen 218,289 personas de 3 años y más hablantes de lengua indígena que viven en situación de pobreza, esta cifra representa el 80.3 % del total de esta población y ubica a la entidad en el lugar 6 a nivel nacional con mayor porcentaje de pobreza en este sector de la población. Del total de la población hablante de lengua indígena en situación de pobreza, el 52.3% son mujeres y el 47.7% son hombres.
Asimismo, el 39.9% de la población de 3 años y más hablante de lengua indígena se encuentra en situación de pobreza extrema y el 40.3% en condición de pobreza moderada.
En cuanto a vulnerabilidad, el porcentaje de hablantes que presentan dicha condición es de 16.7%, el cual está por debajo del porcentaje correspondiente a los no hablantes de lengua indígena (36.4%). Asimismo, hay una mayor proporción de población hablante de lengua indígena que es vulnerable por carencia (15.7%) que aquellos que son vulnerables por ingreso (1.0%).
Dado el contexto de la reciente reforma constitucional del artículo 2°, la agenda indígena se reposiciona en los despachos de los que toman decisiones en los diferentes niveles y ámbitos de gobierno. Se suma a ello el hecho que la presidenta de la república se atreva a aplicar una reforma programática y presupuestal en 2025, que implica dar acceso directo a la comunidad indígena en un apartado del presupuesto. Aunque este sea de un margen mínimo, del 10 %, crea un ambiente de expectativa social de enormes proporciones. Se cuestiona que tal acción debe ser en futuro ampliada, puesto que hay municipios con una mayoría de población indígena que merecería el 100% de ese presupuesto y no los ayuntamientos que comúnmente son encabezados por personas no indígenas y que lamentablemente hacen uso opaco de los recursos federales.
Por otra parte, es menester reconocer que la actual demanda indígena, el hecho de que se le reconozca el manejo directo de los recursos públicos, logra un importante avance y que va por más, pese a las resistencias de presidentes municipales y de los Gobiernos de los estados que quieren continuar con sus prácticas clientelares para manipular la voluntad popular a través del ejercicio presupuestal.
En el caso de la autoconsulta indígena para contribuir en la elaboración del PND 2024 -2030; las representaciones indígenas se han esforzado por colocar sus propuestas y sus preocupaciones en el ámbito federal, ya que en el Estado se ha quedado corto. En el fondo se denota que en los pueblos y comunidades indígenas no se quiere ya más de lo mismo, en cuanto a la gobernabilidad se refiere. Se cuestiona el ejercicio de los derechos político electorales de los ciudadanos y de las colectividades indígenas, de tal manera que las recientes demandas indígenas por elegir por medio de sus sistemas normativos a sus autoridades lectorales, o bien, exigir no a la reelección o al nepotismo, no son cuestionamientos ajenos a la sensibilidad federal, estos cuestionamientos empatan perfectamente con la posición de la presidenta de la república en su intento por profundizar una reforma política que redunde en mejorar el proceso democrático y de representación política.
Otro aspecto toral, es que las comunidades buscan quitar de sus espaldas el paternalismo de estado y plantean quejas y exigencias hacia las instituciones federales y estatales para que atiendan sus derechos humanos en todo orden. Por ejemplo, el acceso pleno al registro básico de su identidad personal para poder acceder a la jurisdicción del estado, porque el registro civil en municipios y regiones indígenas está descuidado y muy alejado de la geografía y las realidades indígenas. Hay personas discapacitadas, mujeres y personas de la tercera edad que prácticamente regularizar su situación de registro civil es una misión casi imposible. Lo cual provoca la exclusión de facto para entrar en los padrones de beneficiarios de los programas de apoyo.
Ante el mensaje presidencial de combate a la corrupción, fueron varios los reclamos a los servidores de la nación que ahora algunos se han convertido en operadores políticos y que como antaño, anteponen sus intereses partidarios a las obligaciones de gobierno para todas y todos. Fue muy evidente la molestia que causa, el que no se tome en cuenta lo que la asamblea comunitaria acuerda para el manejo de los recursos y aún prevalezcan servidores que con una visión obtusa pretendan favorecer a otros en el manejo y aplicación de los recursos. Sugieren las representaciones indígenas que dichos servidores públicos deben ser también electos por las comunidades para evitar este tipo de irregularidades.
Es decir, las comunidades no quieren asistencialismo manipulador, sino un servicio basado en el respeto de los derechos humanos e indígenas y más en el caso de las mujeres indígenas y discapacitados.
Por ello, enfáticamente exigen apertura para la presentación de sus planes en distintos niveles para impulsar su desarrollo bajo su propia perspectiva e identidad cultural. No quieren más una visión de desarrollo ajena a sus propias necesidades y prioridades. Por ello acompañado de estos planes va la exigencia de defender sus tierras, aguas, biodiversidad y medio ambiente; dichas exigencias no deben ser vistas superficialmente, pues son ya un clamor existencial.
Las comunidades indígenas no aspiran a megaproyectos que se definen desde la atmósfera macroeconómica y en beneficio sólo del mercado; sino planes, programas y proyectos que surgen desde abajo y para beneficio de quienes hacen producir la tierra y para quienes han cuidado de ella, el agua, la biodiversidad y el medio ambiente.
La demanda indígena evoluciona, y pasan de la resistencia, a la iniciativa de tomar rienda en los asuntos que les atañen y en defender su derecho a la felicidad y a vivir en paz.
Entre los cientos de propuestas y posicionamientos destacan:
1. El que las Instituciones de Gobierno respeten la Autonomía y libre determinación de las comunidades indígenas. En los municipios de mayoría indígena las autoridades del Ayuntamiento sean nombradas por usos y costumbres, ya no por medio de los partidos políticos.
2. Se prohíba la usurpación de identidad política, es indebido que pretenda representarnos personas no indígenas.
3. Se prohíba la reelección de los presidentes municipales, diputados estatales y estatales, senadores y todo servidor público.
4. No se hereden las plazas de trabajo ni los cargos de elección popular. (no al nepotismo en ninguna de sus formas).
5. Se fortalezca nuestra gobernanza como comunidades indígenas y el impulso de nuestro propio desarrollo comunitario a través de la elaboración de Planes de Desarrollo Comunitarios, Planes de Desarrollo Municipales y Planes de Desarrollo Regional Integral, para que las instituciones Federales, Estatales y municipales asignen el presupuesto de manera directa para el manejo por la misma comunidad.
6. Fortalecer la organización de la mujer desde la Comunidad Indígena, para la prevención y atención de casos de violencia de la mujer, para garantizar el acceso pleno a sus derechos humanos y a una vida libre de violencia, así como garantizar el acceso a heredar la tierra. Que las instancias Federales, Estatales y Municipales, se coordinen para la realización de acciones de prevención y atención en dicho tema.
7. Que se incluya a la población de mujeres de 40 años en adelante a los apoyos de beneficio social.
8. Se demanda la obligatoriedad de la Federación, Estado y Municipios, desde el ámbito de sus respectivas competencias, para asignen las partidas presupuestales para la administración directa por las comunidades Indígenas, y resarcir el alto grado de pobreza, rezago y marginación a nivel nacional.
9. Que el Gobierno Federal prohíba la explotación petrolera mediante la técnica del FRACKING, él nos trasvase de agua a otros estados. Que se busquen alternativas de un desarrollo sustentable de acuerdo a la cosmovisión de las comunidades indígenas y protección de sus territorios y recursos naturales. Reiteramos ¡NO AL FRACKING! En la Huasteca Potosina.
10. Control sistemático del agua con mayor participación de los pueblos y comunidades indígenas. Que se brinden concesiones de los pozos, manantiales, arroyos y ríos a las comunidades indígenas.
11. Difundir sistemática y tecnológicamente sobre el correcto uso del agua. Generar una cultura ciudadana del cuidado del agua.
12. La SEDENA y Fuerza aérea vigile, supervise y sancione el bombardeo se nubes para que llueva y no llueva en todo el país.
13. Que se priorice el consumo humano del agua y que se reconozca el derecho humano al agua, que se reforme la Ley General de Aguas bajo una perspectiva de derechos humanos. Que se regulen la concesiones a las empresas y particulares así como los volúmenes de agua.
14. Que se modifique el Artículo 27 Constitucional y la Ley Agraria para que a las comunidades indígenas y principalmente a las mujeres indígenas, se les otorgue y garantice acceso a la tierra, en apego a la reforma del artículo 2° de la Constitución.
15. Que la Secretaría de la Reforma Agraria se sujete a una reforma constitucional, para que sus leyes agrarias se armonicen con las actuales reformas para evitar violaciones a nuestra libre determinación, soberanía, usos y costumbres como pueblos y comunidades indígenas. Y que el personal en todos sus mandos, sean indígenas y compartan nuestra cosmovisión, además que incluyan a mujeres y jóvenes para valorarlos y evitar la migración.
16. Que los visitadores agrarios se sujeten a los sistemas normativos indígenas, que la instancia de vigilancia interna de la Procuraduría Agraria vigile más estrictamente la función de ellos y se castigue por actos de corrupción.
17. Generar un programa de soberanía alimentaria con la implementación de los saberes ancestrales con la obligatoriedad de la espiritualidad indígena con sus rituales sagrados.
18. Crear un banco local, regional y nacional de semillas, para la conservación de la biodiversidad.
19. Que las instituciones de educación indígena implementen saberes ancestrales indígenas en sus materias para el arraigo de los niños y jóvenes a la madre tierra.
20. Las universidades interculturales creen una carrera agroindustrial con visión indígena y fundamentada en los saberes ancestrales y en nuestra cosmovisión.
21. Que haya fiscalía especializada para mujeres y familias indígenas, con intérpretes y traductores.
22. Que haya supervisión y castigos e inhabilitación para policías a fin de evitar los actos de corrupción y extorsión y que se habilite plenamente un Sistema de recepción de quejas sobre actos de corrupción.
23. Que haya capacitación judicial para tratar a las comunidades indígenas.
24. Que se garanticen y respeten los Derechos Humanos de víctimas y personas procesadas, miembros de comunidades indígenas.
25. Que la Secretaría de Agricultura proporcione implementos agrícolas a los miembros de las comunidades indígenas para mejorar la producción.
26. Que el gobierno otorgue financiamiento para la construcción de infraestructura agrícola en las comunidades indígenas.
27. Que la Secretaría de Economía otorgue facilidades para comercializar productos artesanales y de la región.
28. Que la Secretaría de Economía ayude a las comunidades a establecer sus propios precios de los productos de la región y sin intermediarios.
29. Servidores de la nación o personal del Gobierno Federal que supervisen en visitas domiciliarias la situación de la vivienda, que se coordine y se haga acompañar de una autoridad comunitaria.
30. Que los servidores de la nación funjan su trabajo con honestidad y no generen conflictos al momento de ejercer los recursos de los programas de Bienestar.
31. Que cada municipio tenga módulos de atención para la expedición de actas de nacimiento, CURPS o enmiendas. Que se hagan módulos móviles que visiten a las comunidades indígenas periódicamente, se requiere un pleno acceso de las Oficialías del Registro Civil al Sistema o Plataforma Nacional para que puedan realizar certificación de CURPS y digitalización de ACTAS DE REGISTRO CIVIL en la oficialía o municipio más cercano y no tener que trasladarnos distancias tan grandes pues nos tienen en el abandono.
Juan Felipe Cisneros Sánchez
Observatorio Indígena Mesoamericano.
Adelina Méndez
Victor Mamani
